Blog de Inmigración
febrero 28, 2020
Regla de Carga Pública
La Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el cargo público
El pasado viernes 21 de febrero de 2020, la Jueza Sotomayor emitió una mordaz disensión sobre el voto de 5 a 4 de la Corte Suprema que anuló varios mandatos de la Corte de Distrito que bloqueaban la regla de “carga pública” de la administración Trump, cumpliendo con la solicitud del gobierno y permitiendo que la controvertida regla de “carga pública” entrará en vigor en todos los estados. La nueva regla, promulgada por el USCIS, tiene efecto legal el 24 de febrero de 2020.
La regla del USCIS, que será implementada por el DHS, requiere que los solicitantes de ajuste de estatus que estén sujetos a la causa de carga pública de inadmisibilidad y ciertos solicitantes y peticionarios que buscan extensión de estadía y cambio de estatus reporten cierta información relacionada con su relación con los beneficios públicos.
El DHS (Departamento de Seguridad Nacional) considera factores que abarcan la totalidad de las circunstancias bajo 8 C.F.R. 212.22, incluyendo edad, salud, estado familiar, bienes, recursos y estado financiero, educación y habilidades, estado de inmigración prospectivo, período esperado de admisión y declaración jurada de apoyo suficiente bajo la Sección 213A de la INA, Formulario I-864 o I-864EZ, cuando se requiere bajo INA 212(a)(4)(C) o (D).
Quiénes están exentos de la regla de cargos públicos:
- Refugiados,
- Solicitantes de asilo,
- Los solicitantes de visados de no inmigrante con estatus T o U (trata de personas y ciertas víctimas de delitos, respectivamente), y
- Algunos auto-peticionarios, en virtud de la Ley sobre la Violencia Contra la Mujer (VAWA), están exentos de la nueva norma.
USCIS (Inmigración) basa su norma en el artículo 212(a)(4) de la INA, según el cual los extranjeros son inadmisibles si “en el momento de la solicitud de admisión o de ajuste de estatus, [es] probable que en cualquier momento se conviertan en una carga pública”. Se entiende por “carga pública” un extranjero que ha recibido una o más prestaciones públicas durante más de 12 meses en un período de 36 meses. El requisito se refiere a los solicitantes de admisión o de ajuste de estatus a la LPR, a menos que estén exentos por el Congreso. También se aplica a los solicitantes de prórroga de la estancia de no inmigrante o de cambio de condición de no inmigrante, a menos que la clasificación de no inmigrante esté exenta por ley o reglamento.
En efecto, los solicitantes que “es probable que en cualquier momento se conviertan en una carga pública” son por lo general inadmisibles en los Estados Unidos e inelegibles para convertirse en residentes permanentes legales. La probabilidad de que los solicitantes se conviertan en una carga pública se basa en si es “más probable que en cualquier momento en el futuro” que se conviertan en una carga pública.
Ejemplo de uso de beneficios públicos
El marco de la norma de USCIS significa que cada vez que un solicitante recibe diferentes beneficios aplicables dentro de un mes, cada beneficio recibido cuenta como un mes para el requisito de los 12 meses. Por ejemplo, si un solicitante recibe tanto beneficios de SNAP como de SSI (o cualquiera de los dos beneficios aplicables) en marzo de 2020, habrá recibido efectivamente 2 meses de beneficios según la regla.
La regla de cargos públicos incluye:
La regla del USCIS abarca los beneficios derivados de:
- Ingreso de Seguridad Complementario (SSI),
- Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANG),
- Cualquier programa de beneficios monetarios federales, estatales, locales o tribales para el mantenimiento de los ingresos,
- Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) (anteriormente cupones de alimentos),
- Asistencia para la vivienda de la Sección 8 del Programa de vales de elección de vivienda,
- Sección 8 Asistencia para el alquiler basado en proyectos (incluida la rehabilitación moderada),
- Vivienda pública en virtud de la Ley de Vivienda de 1937, 42 U.S.C. 1437 y siguientes, y
- Medicaid financiado por el gobierno federal (con ciertas exclusiones).
Lo que NO provoca la regla de la carga pública:
La nueva regla no implica a los inmigrantes en base a los beneficios de:
- Asistencia médica de emergencia,
- Ayuda en caso de desastre,
- Programas nacionales de almuerzos escolares,
- Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños,
- Programa de Seguro Médico para Niños,
- Subsidios para la adopción y los hogares de guarda,
- Préstamos estudiantiles e hipotecarios subvencionados por el gobierno,
- Asistencia de energía,
- Despensas de alimentos y
- Refugios para indigentes,
- Head Start,
- Beneficios públicos otorgados a los miembros de las Fuerzas Armadas (incluidos sus cónyuges e hijos),
- Los beneficios que reciben los niños nacidos de ciudadanos estadounidenses que viven fuera de los Estados Unidos y los niños adoptados que adquieren la ciudadanía estadounidense, y
- Excepciones de Medicaid (incluidas las condiciones médicas de emergencia, la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, los servicios o beneficios escolares proporcionados a las personas de edad o menores que reúnan los requisitos para la educación secundaria en virtud de la ley estatal o local, los extranjeros menores de 21 años, las mujeres embarazadas y las embarazadas dentro del período de 60 días que comienza el último día del embarazo.
El DHS estima que 382.000 inmigrantes se verán afectados cada año; sin embargo, New American Economy, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes, estima que esta cifra será mucho más alta, alrededor de 3,9 millones por año.
El abogado del DHS Gerard Sinzdak, cuestionado por la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito en Chicago, argumentó que la regla es limitada ya que el DHS redujo los beneficios en cuestión a comida, vivienda y atención médica. La jueza jefe de apelaciones de EE.UU., Diane Wood, respondió: “sólo las cosas más importantes que una persona necesita”. Wood también puso en duda la validez de las pruebas que apoyaban el cambio de reglas, diciendo que algunas de ellas parecían haber sido arrancadas “de la nada” y no de datos relevantes sobre los inmigrantes.
La nueva regla del DHS también está bajo fuego a la luz de la amenaza inminente del coronavirus, con los críticos cuestionando una regla que podría impedir que los inmigrantes busquen atención médica por miedo, lo que probablemente terminará costando más dinero al gobierno si el virus se propaga. Especulación aparte, la regla pone a los inmigrantes en la posición de tener que elegir entre su atención médica y su estatus migratorio.
Los inmigrantes, lejos de ser las “cargas” para el público americano como afirma la administración Trump, también son vitales para nuestra economía. La Nueva Economía Americana estima que sin los inmigrantes esta regla podría impedir que vivan en los EE.UU., podría costarle a la economía estadounidense unos 81.900 millones de dólares al año.
Las reglas de carga pública se usaron en el pasado para excluir a decenas de miles de judíos alemanes que trataban de huir de la opresión nazi. Irónicamente, cuando la Corte Suprema dictaminó el 27 de enero de 2020 para despejar el camino para que la regla del Presidente Trump entrará en vigor, lo hizo el Día de Recordación del Holocausto. La implementación por parte de la administración Trump de una regla con una historia tan horrorosa es alarmante. En última instancia, la nueva regla del USCIS es discriminatoria, injusta y una cruel subversión de la regla de la carga pública.